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Vivienda social, sostenibilidad y compromiso

La actualidad viene marcada por la urgencia de abordar los desafíos de la sostenibilidad urbana y la equidad. Es aquí donde la vivienda social emerge como una alternativa interesante en la construcción de comunidades más resilientes y cohesionadas. Este artículo explora qué implica la vivienda social y cómo puede contribuir a un futuro más sostenible y equitativo.

La promoción de la vivienda social está estrechamente vinculada a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 10 (reducción de las desigualdades) y el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles). La vivienda social se refiere a aquella que se ofrece a precios asequibles o se subsidia por parte del Estado para garantizar que las personas de ingresos bajos o moderados tengan acceso a un hogar digno.

Beneficios de la vivienda social

  • Dimensión social: La vivienda social promueve la inclusión y la cohesión social, contrarrestando la exclusión y la segregación. Al ofrecer oportunidades de vivienda asequible en áreas bien conectadas y con acceso a servicios básicos, se fomenta la integración de diferentes grupos socioeconómicos.
  • Dimensión ambiental: Desde una perspectiva medioambiental, la vivienda social puede desempeñar un papel crucial en la reducción del impacto ambiental de la urbanización. Al promover la densificación urbana y la utilización eficiente del suelo, se limita la expansión descontrolada y se protegen los espacios naturales.

Marco legal y políticas actuales en España

En abril de 2023, se aprobó la nueva  Ley de Vivienda en España con el objetivo de proteger tanto a inquilinos como a propietarios y mejorar el sector inmobiliario. La normativa incluye incentivos para fomentar la construcción y el alquiler de viviendas sociales, especialmente destinadas a los colectivos más vulnerables. La vivienda protegida se clasifica en vivienda social, vivienda de precio limitado y vivienda asequible incentivada.

Desafíos y obstáculos

La vivienda social enfrenta diversos obstáculos, desde la falta de financiación hasta la resistencia sociopolítica y la insuficiente construcción/rehabilitación de viviendas nuevas que incrementen la oferta y contribuyan a estabilizar los precios. Un desafío notable es la dificultad de la población joven para acceder a viviendas dignas, debido al precio de las viviendas en relación con salarios insuficientes y condiciones laborales precarias.

La vivienda social, esencial para una sociedad más justa y resiliente, se enfrenta a retos como la falta de financiación y la oposición política. Por ello, es crucial la colaboración entre gobiernos, ONG y el sector privado para promover un desarrollo urbano más inclusivo y sostenible.

Relación con la necesidad de un «living wage«

El concepto de «living wage» (salario digno) es crucial en este contexto y no necesariamente es equiparable a un “salario mínimo”. Un salario digno es aquel que permite a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el acceso a una vivienda adecuada. Implementar un «living wage» podría mejorar significativamente la capacidad de los jóvenes y otros colectivos vulnerables para acceder a viviendas dignas. Ejemplos de políticas de este estilo en otros países han demostrado su efectividad en mejorar la calidad de vida y la estabilidad económica de las personas. Repercute directamente en la reducción de la pobreza y desigualdad y el fortalecimiento de economías locales, al aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. Las ciudades que han adoptado leyes de salario digno han visto un impacto económico positivo en sus comunidades​ (Economic Policy Institute)​​.

En conclusión, la vivienda social no solo es una necesidad básica, sino también un motor de transformación colectiva y ambiental hacia un mundo más justo y sostenible. Para superar los desafíos existentes, es esencial que los gobiernos, las ONG y el sector privado trabajen conjuntamente. Además, la implementación de un «living wage» es una medida crucial para asegurar que más personas puedan acceder a viviendas dignas. La promoción de un modelo de desarrollo urbano más inclusivo y sostenible debe ser una prioridad en las políticas públicas futuras.

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