La Unión Europea ha ido prestando una atención creciente hacia el desarrollo verde en los últimos años y trabaja en ofrecer un marco legal orientado a afrontar los desafíos medioambientales, sociales y de buen gobierno en el entorno construido durante las próximas décadas.
Aunque existían ya leyes y normativas regulatorias previas relativas, por ejemplo, a la viabilidad de edificios o el uso de materiales, es en 2015 cuando el Acuerdo de París y la aprobación de la Agenda 2030 (con sus ODS) han supuesto un gran revulsivo para la incorporación de los criterios ESG en el ámbito inmobiliario. En el plano legislativo, la UE presta atención a todo lo relacionado con ello, además de ofrecer un gran plan de subvenciones, pero el impulso definitivo a nivel europeo se da con las iniciativas recogidas en el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea y, sobre todo, el Pacto Verde Europeo o “Green Deal”. Éste vio la luz en diciembre de 2019 y ofrece una detallada hoja de ruta con diversas medidas tales como el estudio de los requisitos legales para potenciar la utilización de materias primas secundarias recicladas, la duplicación de la tasa de renovación del parque inmobiliario cumpliendo con objetivos de eficiencia energética y cambio climático y, además, la revisión del Reglamento sobre productos de construcción para organizar todas las fases de diseño dentro de los principios de la economía circular.
Taxonomía verde europea
Este gran acuerdo comprende una serie de medidas políticas, entre las que destaca la Taxonomía verde europea, que establece los límites para clasificar las actividades económicas en función de su sostenibilidad ambiental y luchar así contra el greenwashing. Esto afecta al sector inmobiliario en la medida en que las inversiones en proyectos deben cumplir ciertas normas para considerarse «verdes». La taxonomía comenzó su andadura en enero de 2022 y, desde entonces, va ampliando, revisando y concretando sus reglas, que se irán haciendo más estrictas durante los próximos años.
Supone que las empresas deben incluir en aquellos informes no financieros, o informes de sostenibilidad, cómo su cartera se alinea con los criterios planteados, articulados en torno a seis objetivos ambientales- mitigación del cambio climático, adaptación al mismo, sostenibilidad y protección del agua y recursos marinos, transición a una economía circular, prevención y control de la contaminación, protección y restauración de la biodiversidad y ecosistemas-, equilibrados entre ellos y asegurando unas garantías sociales y valores éticos mínimos. Aunque actualmente ya se elaboran informes sobre eficiencia y sostenibilidad de edificios, éstos se convertirán en valores de referencia esenciales para el mercado inmobiliario y financiero en su conjunto, buscando atraer inversiones responsables a proyectos, empresas y organizaciones que estén absolutamente comprometidas con generar impacto medioambiental, social y económico positivo.
La Ley Europea del Clima (2021) insta a las instituciones de la UE y a sus Estados miembros a tomar medidas para lograr la neutralidad climática en 2050, con una reducción del 55% para 2030. Se establecen revisiones quinquenales, alineadas con el Acuerdo de París, y se exige a los Estados miembros crear estrategias de adaptación para fortalecer la resiliencia ante los efectos del cambio climático.
La UE se ha comprometido también a avanzar hacia una Economía Circular, uno de los grandes bloques del Pacto Verde Europeo, para la que se aprobó un plan en 2020 donde se reduzcan al mínimo los residuos y se fomente la reutilización y el reciclaje. Es prioritario el trabajo en aquellos sectores donde se utilicen más recursos y, según el CSIC, el de la construcción es responsable del 40% del consumo total de materiales en el mundo, por lo que se plantea una estrategia integral para un entorno construido sostenible que fomente los principios de circularidad en los edificios en términos de diseño, construcción y gestión.
En España se aprobó la primera Ley Climática en mayo de 2021, vinculándose con la legislación europea y los objetivos del Acuerdo de París. Las grandes empresas deben calcular y publicar sus emisiones, así como elaborar un plan quinquenal de reducción de gases de efecto invernadero. La normativa también promueve la integración de renovables y el uso de materiales de construcción con menor huella de carbono en la rehabilitación de edificios, estableciendo un plan a menos de seis meses para mejorar la eficiencia energética del parque edificado.
La legislación europea está impulsando la sostenibilidad y España ha ido adoptando sus políticas para cumplir con estos objetivos, lo que contribuye, y aún lo hará más en el futuro, a la creación de un mercado inmobiliario más eficiente, sostenible y consciente del medio ambiente.
